miércoles, 24 de abril de 2013

El periodismo como libertad individual

(Este post lo publiqué en el blog Argenlibre y se perdió junto con el resto de los artículos cuando fue censurado.) 



¿El periodismo debería tender a la objetividad? Hemos escuchado esta pregunta miles de veces, de parte de ideologías de todo color, como argumento a favor o en contra tanto de la prensa privada como de la prensa gubernamental. La mayoría intenta contestar a la pregunta de muchas formas diferentes, a veces incluso algunos lo hacen objetándola desde la “politización de lo objetivo”. Sin embargo, sólo una minúscula minoría contesta a esta pregunta con otra. La pregunta que yo hago es muy simple: ¿por qué el periodismo debería tender a algo?

Es cierto que no es una pregunta muy nueva, pero sí es una pregunta olvidada. Muchos se sorprenden sólo de hacerla porque no han reparado en la cuestión. Otros tantos se ofenden porque pretenden que se presuma que el periodismo es un servicio –particularmente público, ya que no se habla de periodistas sino del “periodismo”. Creo que es ésta la cuestión clave que debemos encarar antes de discutir cualquier otra cosa: ¿es el periodismo un servicio? Ciertamente no debe ser un servicio público si el periodismo del que se habla no exige del público exacciones impositivas, esto es, si se maneja con su propio dinero. Y aquí, antes que nada, hablaremos de la prensa privada, cuyos propietarios últimamente se han convertido en sospechosos por tener sus motivaciones unos “intereses” de un supuesto “carácter diferente” a los demás intereses privados del resto de los que integran la población de un país. Esta acusación de cierto sector populista de la clase política no tiene ningún sentido: a menos que los propietarios de medios pertenezcan a una clase distinta por la cual perjudiquen intrínsecamente los oficios del resto, y a menos que, a su vez, hagan una bandera de esta malévola función social por encima de cualquier otra forma de obtener recursos, entonces sus intereses son tan opuestos a los del resto como podrían serlo los de los panaderos y los verduleros.[1]

¿Es acaso el periodismo un servicio para el cliente que lo acepta? Tampoco lo es. No hay ningún contrato entre el consumidor y el productor del contenido periodístico, como no lo hay entre el consumidor y el creador de un libro o de una película. Ni escritores de libros, ni periodistas, ni directores de cine, le deben nada a nadie. No les han pagado previamente para hacer nada. Lo hacen, lo ofrecen y lo venden. Cada peso ofrecido por un diario cualquiera se intercambia por el ejemplar de hoy, no por el de mañana.

Siendo las cosas así ¿por qué el periodista debería “tender a algo”? Creo que la pregunta a esta altura debería contestarse sola. Mi respuesta es una suposición acerca de por qué nos hacemos esta pregunta, y creo que nos hacemos esta pregunta porque suponemos que el trabajo del periodista es un medio para nuestros fines, y no un fin para él mismo. Nadie se pregunta si, por ejemplo, la indumentaria, la arquitectura o la informática deberían tender a la calidad, al buen gusto o a la belleza. Se puede decir, por supuesto, que preferiríamos que tal o cual moda fuera de una u otra forma, pero nadie que presuma de “demócrata” reclamaría una ley para obligar a los diseñadores a fabricar tal o cual tipo de ropa, o para proteger al consumidor de la ropa de mala calidad o fea si éste la prefiere así por un bajo precio. Pero parece que la democracia deja de tratarse de libertad política y pasa a ser una cuestión de poder político justo cuando se habla de periodismo.

Como en los casos anteriores, será la elección del consumidor elegir si quiere pagar por tal o cual información dependiendo de cualesquiera criterios éste elija. Ni el periodista puede ser libre si es obligado compulsivamente y en forma previa a cumplir con un canon cualquiera para ejercer su profesión, ni tampoco será libre el consumidor de tener la última palabra sobre el canon que elegirá aceptar a cambio de su dinero.

Ahora bien, si los motivos del periodista competen a él y a nadie más porque se trata de su trabajo y esfuerzo, tampoco debemos preguntarnos a quién este se asocia o para quién trabaja, ya que en tal caso se trata del mismo problema de recursos: es la libertad de empresa la que subyace a la libertad del periodismo. Si para decir algo un periodista utiliza el medio de comunicación creado por otro, no puede exigir decir lo que se le antoje sin obligar al productor de dicho medio a no ser libre de usar su capital como quiera. Y aquí la libertad es bilateral, ya que tampoco puede el propietario de medios pretender que todos los periodistas estén dispuestos a aceptar trabajar para su empresa bajo cualquier condición. El periodista puede privar de sus palabras al editor si éste no opina como él, así como el consumidor puede privar a ambos si decide que no le ofrecen lo que quiere.

Hasta aquí no estoy si no retraduciendo para la libertad periodística lo que Milton Friedman afirmara respecto de la “responsabilidad social” para la libertad de empresa en general.[2] Arturo Jauretche, sin mucha originalidad, repetía el mantra anticapitalista diciendo: "No existe la libertad de prensa, tan sólo es una máscara de la libertad de empresa". La obvia respuesta randiana es que "no hay contradicción: la única libertad de prensa legítima y realmente independiente es la libertad de empresa". Si una empresa periodística da más o menos libertad dentro de su empresa, es su decisión o bien es una necesidad (para retener a un periodista valioso, por ejemplo) pero no tiene la obligación de hacerlo: no tiene la obligación de financiar en su propio medio de comunicación una opinión que no comparte. Si acaso con su opinión conquista un mercado más reducido, son sus recursos los que se pierden, y acaso podrá sacrificar la divulgación de su opinión si quiere priorizar sus ingresos por sobre sus creencias. Si no lo hace y el público elige más la opinión de los periodistas que expulse, entonces esa opinión será adoptada por otra empresa, creada por un empresario competidor o bien por esos mismos periodistas devenidos en empresarios, y perderá dinero que otro recibirá del público, un público tan libre como de él de comprarle a quien quiera. Pero en cualquier caso hará lo que desee con su propiedad y pagará los costos si sus clientes no quieren consumir lo que su capital publica. En esto no puedo menos que estar de acuerdo con el “neo” liberalismo clásico: si vamos a aceptar el ideario moderno del contrato social en nombre de la igualdad, pues, sólo hay igualdad de libres contratantes si los iguales derechos “democráticos” se refieren a igual dominio sobre los espacios legitimados de libertad (y eso son, o deberían ser, nuestros derechos de propiedad, por desiguales que sean sus resultados sociales) y no a perder ese dominio para conseguir iguales espacios (derechos a beneficios iguales).[3]

 La cuestión es ahora, partiendo de la premisa de que el periodismo no es una obligación social sino una elección individual, si acaso el periodista tanto como quien consume su trabajo, pueden pretender, respectivamente, alcanzar o esperar objetividad.
Mi opinión es, aquí, muy particular: creo, primero, que interpretar los hechos es hacer teoría que no está dada en los hechos mismos. En segundo lugar creo que incluso estos hechos son un segmento recortado de la realidad, y al cual se le da significado, desde un marco interpretativo, esto es, teórico, “ideológico” si se quiere. Por tanto no puede existir objetividad en ninguna cosa.
Sin embargo sí podemos hablar de “objetividad” en un sentido distinto. No podemos pretender que el periodista interprete tales o cuales hechos de la misma forma que con quienes se comunica, pero sin embargo sí podemos esperar que seleccione dichos hechos de una forma muy similar. Si habla “el mismo idioma” interpretativo que sus receptores, entonces podrá presumir que éstos podrán entender lo mismo que él cuando afirme que sucedió tal o cual cosa, si bien se pueda diferir en los por qué. Si como periodista sé que por “violencia” entiendo lo mismo que mis lectores, puedo ser “objetivo” para éstos si describo un hecho que cumpla con los requisitos conceptuales compartidos, mientras que mentiría a los mismos si utilizo otra palabra.
Haciendo esta salvedad, estoy de acuerdo con Javier Darío Restrepo cuando dijo, casi parafraseando a Heráclito, que la objetividad periodística es “una pretensión tan desmedida como la de aprisionar el reflejo de las aguas de un río, que en un instante son, y en el siguiente dejan de serlo”. Pero considero que se equivoca al afirmar que, sin embargo, esa objetividad “es la garantía que el lector busca para poder creer”. Eso dependerá del lector. No hay un único público de la misma forma que no hay un único periodismo, así que la búsqueda de una garantía, que nadie podrá ofrecerle, correrá por su cuenta.
Es él quien paga con su dinero y debe poder elegir a su gusto.


[1] Si se roban mutuamente se opondrán, y sino no. Ni ser empresario ni ser siquiera un “empresario monopólico” es suficiente razón para presumir que las fuentes de ingreso del “interesado” no tienden a depender cooperativamente de los ingresos e “intereses” de los demás (excepto precisamente si el monopolio es estatal o en colaboración con éste, ya que las burocracias políticas no necesitan cooperar de ninguna forma para obtener sus ingresos). A su vez la presunción de que el interés empresario desea promover una ideología nociva para el resto de los intereses de una sociedad tampoco podría tomarse en serio por una razón de utilidad individual contra el bien común de su “clase”: precisamente es la naturaleza común de los intereses individuales “burgueses” no poder velar individualmente por esa causa común de la que dependen. Para poder lograr el empresario semejante acción colectiva, las fuentes de ingreso de su negocio deberían estar, en su escala de intereses, por encima de los ingresos de los que depende (o sea, sin importarle la huída de su clientela) como para que, en lugar de divulgar aquello que se supone el público podría querer escuchar, tienda a difundir en su lugar una ideología impopular –sea crea en ella o no– que de realizarse, según los anticapitalistas, perjudicaría a dicho público.
Los empresarios no suelen tener intereses públicos y sí privados, ya que para verlos realizados deberían poder obtener lo que desean a través del poder estatal a cambio de nada, mientras que sus beneficios capitalistas requieren de intercambiar la utilidad social de sus propias empresas. Convertir su liderazgo económico en político les posibilitaría no sólo liberarse de la necesidad de acrecentar medios de subsistencia que dependen de la producción de bienes de consumo, sino además expandir sus intereses a la planificación de la sociedad que desearan y su posición en la misma, lo cual quitaría toda utilidad a la defensa de una existencia mercantil. Son pocos los grupos económicos que pueden conseguir la organización política suficiente para lograr involucrarse en proyectos sociales a gran escala, y muchos de los que lo logran (como los desarrollistas del Grupo Clarín) saben que no funciona matar la gallina de los huevos de oro que es la libre empresa a la que le deben su nacimiento.
[2] Milton Friedman, "The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits", The New York Times Magazine, September 13, 1970.
[3] Si se habla de “democratizar” equis cosa, antes hay que aclarar qué entendemos por “democrático”, y para esto sólo hay, esencialmente, tres opciones:
1) igualdad de derechos individuales a lo propio e intercambiado;
2) igualdad de derechos “sociales” a una cantidad de bienes que deben ser provistos por el Estado;
3) igualdad para hacer una suma de opiniones de la que se sacará la mayormente repetida para decidir lo que un monopolio estatal de uso de la violencia hará o permitiría hacer a todos (que incluye escoger entre las opciones 1 y 2).
No tiene sentido hablar de “extender” la democracia política a “lo social”, “lo económico”, “lo mediático”, ya que éstas son todas cosas inseparables. Si el Estado adopta, por voluntad mayoritaria constituyente, entender la democracia en el sentido 1 o el 2 (o en combinaciones de ambos), entonces el acceso igualitario al poder será democrático en el sentido de que sirve para garantizar que el Estado se limite a establecer un sistema de derechos económicos, sociales, políticos del tipo 1 o 2 (o sea, que haya democracia social, económica, etc. en el sentido 1 y 2), y cualquier otra cosa será una violación al tipo de igualdad de derechos. Si la Constitución elegida entiende la democracia en el sentido 3, entonces también ya habrá “democracia” en lo social y económico siendo que el Estado aplicará la voluntad de la primera minoría o de la mayoría para hacer con la sociedad y con la economía lo que a ésta se le antoje.
Es un error grueso confundir la “igualdad” en el sentido de “un hombre, un voto” como método de toma de decisiones igualitaria, con una decisión igualitaria. Si la democracia se define por el establecimiento político de algún tipo de igualdad (sea la 1 como “un hombre, una propiedad”, o la 2 como “un hombre, una cantidad de bienes”), entonces el criterio de “un hombre, un voto” debe limitarse a la elección de un orden de derechos (cuando se trata de la Constitución) o de las medidas para que éstos se efectivicen (cuando se trata de la elección de las políticas públicas), y no a la organización de la sociedad o de algún sector de la misma.
Si lo que se quiere es esto último, o sea, la opción 3, debe aclararse que el resultado de manejar la sociedad o la economía mediante “un hombre, un voto”, será un desigual reparto de derechos por mucho que a la hora de haber votado se haya tenido igualdad de acceso (“mob rule”, como tenemos en Argentina). Pero si se pretende que la democracia en el sentido 2 es la debida aplicación del sistema de elección democrática de una política a toda la sociedad o a toda la economía, lo que se hace es mentir: la igualdad del voto se aplica sobre el gobierno porque el gobierno no es lo mismo que la población que vota. El voto es imposible de aplicar sobre la misma población votante, y por eso se elige al órgano que tiene el monopolio de la violencia para asegurar que la población se amolde a lo que esta misma eligió.
La democratización de los medios de comunicación en el sentido 2 es sólo en apariencia parecida a la aplicación de un sistema electoral por la igualdad en la participación (además de imposible de aplicar y ejercer en libertad si no hay un medio de comunicación por cada persona), y es exactamente lo contrario de la democratización en el sentido 1, que ya existe para la prensa, y que es lo que asegura que, si intentamos poner un medio de comunicación, éste será nuestra voz y de nadie más, y que será nuestra responsabilidad que crezca con los “votos” de los clientes, o sea, con su dinero, que éstos podrán disponer como uno de sus derechos individuales (o sea, derechos del tipo 1). Si los derechos “sociales” del tipo 2 se aplicaran realmente en su totalidad, no serviría de nada darle dinero a un medio de comunicación, ya que éste estaría sometido a la participación igualitaria de los recursos de toda la sociedad y, con bienes no divisibles, dicho medio quedaría en manos de un promedio que no satisface a nadie, o de lo que el Estado considerara debe de ser ese promedio (el beneficiario inevitable de los “derechos positivos” cuando se trata de recursos indivisibles, como fábricas, empresas de servicios, imprentas y canales de televisión; excluyendo a esos sub-estados que se han vuelto los sindicatos)


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