miércoles, 25 de noviembre de 2009

Climategate II

Siguiendo el hilo del post anterior traigo el archivo que destruyó una religión, el Código Da Vinci ambiental como le escuché a alguien decir.

Es un solo archivo .zip de 61Mb en dos servidores



Spread the truth.

Climategate

video

Para los que estuvieron atentos en la red, sabrán que hackers rusos o turcos (no se sabe bien) hackearon computadoras del instituto CRU (Climate Research Unit), proveedor casi oficial de todos los datos que se manejan en el mundo sobre el calentamiento global. En particular de los burócratas de la ONU. Entre lo divulgado se encuentran miles de mails y documentos de "científicos" a nivel mundial (de la década del 90 hasta el día de hoy), que apoyan la teoría del calentamiento global.
Como se imaginaran, los descubrimientos son numerosos. Entre ellos:
- Formas ("tricks" como ellos dicen) de maquillar datos de toda índole
- Planes para censurar, quitar financiamiento y desprestigiar a científicos particulares que estan en contra de la teoría.
Todo tipo de insultos a los mismos, incluso manifestaciones de alegría por la muerte de algunos.
- Confesiones acerca del financiamiento para arribar a datos específicos

A la pregunta de por qué esta noticia no esta ahora mismo en todos los noticieros (aunque debo decir que paulatinamente la noticia esta siendo receptada, por ejemplo en BBC) dejo la interpretación al lector.

jueves, 5 de noviembre de 2009

Lo que nos faltaba: Una nueva ley kirchnerista

El kirchnerismo va por más. ALERTA ROJA
"en el artículo 4°, en el que se establece de modo inequívoco que es “responsabilidad principal e indelegable” del Estado “la organización, el planeamiento y la evaluación del desarrollo académico, científico, tecnológico, cultural y de vinculación e innovación socioproductiva” del nivel universitario, así como la “gestión de los organismos colegiados donde se debatan y sancionen ordenamientos generales complementarios a las políticas particulares de cada jurisdicción”. Todo lo importante se encuentra, completa e indelegablemente, en manos del Gobierno nacional.

Pero también los amigos del gobierno tienen su parte en el proyecto: la bien conocida FUA (Federación Universitaria Argentina), reducto tradicional de la izquierda estudiantil más recalcitrante y retrógrada, responsable de innumerables tomas, huelgas, escraches y de haber impedido varias veces por la violencia la elección del rector de la Universidad de Buenos Aires, es institucionalizada y elevada, en el artículo 75 del proyecto, a la categoría de agencia única de representación estudiantil en todo el país.

Además, todos los estudiantes, por el solo hecho de ingresar a una universidad -estatal o privada- pasarán a pertenecer al sistema “representativo” encabezado por la FUA, sean cuales fueran sus ideas políticas o sus opciones en materia educativa. Es decir, algo similar, pero más totalitario, que la “personería gremial” de que gozan los sindicatos más poderosos."

http://www.losandes.com.ar/notas/2009/10/30/opinion-454160.asp



lunes, 28 de septiembre de 2009

Walter Block:¿ Estaba Ayn Rand equivocada?

Relacionado con el post anterior. Se podría considerar una postura intermedia entre las dos planteadas por aquel.
http://dias-sin-huella.blogspot.com/2008/06/estaba-ayn-rand-equivocada.html

lunes, 31 de agosto de 2009

Religión y Liberalismo. Dos posturas

"La defensa del credo liberal es imposible sin aludir a una base moral y ética. Y hablar de moral y ética es imposible sin referencia a la religión. La separación del Estado de las iglesias es muy saludable para ambas instituciones; pero no significa quitar la religión de los asuntos públicos, y relegarla a un asunto “meramente privado”, del que no cabe hablar en el Congreso ni en los partidos, sus reuniones y documentos...
Expulsar la religión de la mesa de discusión de asuntos públicos fue un éxito para los enemigos de la libertad. Para sus amigos, es de lamentar. Y para los creyentes, es vergonzoso que haya sido con el acuerdo de muchos dirigentes eclesiásticos: a cambio de algunas prebendas y/o una frágil garantía para el culto privado, dieron su silencio, su conformidad o su complicidad a la estatolatría, adoración al ídolo pagano más viejo de la humanidad, y exigente cobrador de los sacrificios humanos más crueles: El Estado."
No es lo mismo:Religión y asuntos públicos Alberto Mansueti

"No es la inmoralidad de los hombres la responsable del colapso que amenaza ahora con destruir al mundo civilizado, sino el tipo de moralidad que se impuso a los seres humanos," escribió la eximia filósofa Ayn Rand. "La responsabilidad es de los filósofos del altruismo. Ellos no tienen motivo para sentirse horrorizados por el espectáculo del éxito que han tenido, ni derecho de condenar a la especie humana: los hombres les obedecieron y llevaron sus ideales morales a la práctica… En aras de un retorno a la moral se sacrificaron todos aquellos males que los hombres consideraron como causante de sus desgracias. Sacrificaron la justicia a favor de la piedad, sacrificaron la independencia a favor de la unidad, sacrificaron la razón en favor de la fe. Sacrificaron la riqueza a favor de la pobreza, sacrificaron la autoestima a favor de la negación del Yo, sacrificaron la felicidad en favor del deber. Destruyeron todo lo que consideraron ser malvado y alcanzaron todo lo que tenían por bueno. Por qué se horrorizan ahora ante el mundo que los rodea? Ese mundo no es el producto de vuestros pecados, sino el producto y la imagen de vuestras virtudes. Es su ideal moral llevado a la realidad en su forma total y perfecta. (de "La Ética Objetivista" y "La Rebelión de Atlas")...
Propiciar, promover o adherir a religión alguna es, para los liberales, desacertado por incongruente. Las religiones son la antítesis directa de la libertad del individuo, son las camaradas y defensoras de todas las doctrinas colectivistas que han llevado tanto mal a las poblaciones del mundo entero. Es preciso que los liberales que no adhieren al Objetivismo o que desconocen sus premisas, comprendan que adherir a una religión como fundamento moral de sus ideas es cometer una trágica contradicción en términos. Ninguna religión fundamenta a las ideas liberales, por más que haya habido y todavía existan quienes quieran adherir a tal despropósito. "


Religión y liberalismo Manfred F. Schieder

Dejo las consideraciones sobre cual es la postura correcta al lector.

domingo, 26 de julio de 2009

FALACIAS DE LA TEORÍA DE LOS BIENES PÚBLICOS Y LA PRODUCCIÓN DE SEGURIDAD

Hans-Hermann Hoppe

En 1849, cuando el liberalismo clásico era todavía la ideología predominante y los términos “economista” y “socialista” se consideraban (con razón) antónimos, Gustave de Molinari, prestigioso economista belga, escribió: “Si existe en economía política una verdad bien fundamentada, es ésta: En todos los casos, sean cuales fueren los bienes que satisfacen las necesidades materiales e inmateriales del consumidor, lo que más le conviene a éste es que el trabajo y el comercio se desarrollen en libertad, porque esto tiene como consecuencia necesaria y permanente la máxima disminución del precio. Y ésta: Sea cual fuere el bien de que se trate, el interés del consumidor debe prevalecer siempre por sobre los intereses del productor, La observación de estos principios lleva a esta rigurosa conclusión: Que la producción de seguridad debe someterse a la ley de la libre competencia, en interés de los consumidores de este bien intangible. Por consiguiente: Ningún gobierno tiene el derecho de evitar que otro gobierno entre en competencia con él o de exigir a los consumidores de seguridad que acudan exclusivamente a él en procura de este bien”. Y, con respecto a la totalidad de la argumentación, agrega: “Si esto no es lógico y verdadero, los principios sobre los cuales se basa la ciencia económica carecen de validez”.



Aparentemente, sólo hay un modo de rehuir esta desagradable conclusión (así, por lo menos, la consideran todos los socialistas): sostener que existen determinados bienes a los cuales no se aplica este razonamiento general, por ciertas razones especiales. Y esto es lo que han decidido probar los denominados teóricos de los bienes públicos. Sin embargo demostraré que en realidad no existen bienes ni razones especiales, y que la producción de seguridad no plantea un problema diferente del de la producción de cualquier otro bien o servicio, ya se trate de casas, quesos o seguros. Toda la teoría de los bienes públicos, pese a sus numerosos seguidores, es defectuosa, plagada de razonamientos rimbombantes, incoherencias internas y falsas conclusiones, apela a los prejuicios populares y a las creencias aceptadas y se sirve de ellas, pero no posee ningún mérito científico.

Entonces, ¿qué nos ofrece el camino que los economistas socialistas han hallado para escapar de las conclusiones de Molinari? Desde los tiempos de Molinari, la pregunta de si existen bienes a los que pueden aplicarse distintos análisis económicos ha recibido, con creciente frecuencia, una respuesta afirmativa. En realidad, es casi imposible encontrar un solo texto de economía contemporáneo que no destaque la importancia vital de distinguir entre bienes privados, para los cuales se acepta en general la superioridad del orden de producción capitalista, y bienes públicos, en cuyo caso se la niega. Se afirma que ciertos bienes o servicios -entre los que se cuenta la seguridad- poseen la especial característica de que no están limitados a quienes realmente han pagado por ellos. Por el contrario, pueden disfrutarlos aun las personas que no han participado en su financiación. Se los denomina bienes o servicios públicos, en contraste con los bienes o servicios privados, que benefician exclusivamente a los que los han pagado. Y se aduce que esta característica especial de los bienes públicos es la que determina que los mercados no los produzcan, o por lo menos no en la cantidad o con la calidad suficientes, por lo cual se necesita la acción compensadora del estado.

Los ejemplos que ofrecen diferentes autores acerca de los presuntos bienes públicos varían muchísimo. A menudo clasifican de manera diferente el mismo bien o servicio, lo que hace que ninguna clasificación de un bien particular sea irrefutable; esto prefigura claramente el carácter ilusorio de toda diferenciación. Hay, sin embargo, algunos ejemplos de bienes públicos que gozan de particular aceptación entre el público, como el cuerpo de bomberos, que al apagar un incendio evitan que la casa del vecino sea alcanzada por el fuego, con lo cual éste se beneficia aunque no haya contribuido en absoluto a financiarlo; o la policía, que patrulla las inmediaciones de mi casa e impide así que los ladrones entren en la de al lado, aunque su dueño no coopera para el mantenimiento de ese servicio; o el ejemplo del faro, uno de los preferidos por los economistas, que ayuda al barco a hallar su ruta aunque el dueño de éste no haya aportado nada para su construcción o conservación.

Antes de continuar con la presentación y el examen crítico de la teoría de los bienes públicos, investiguemos hasta qué punto resulta útil la distinción entre bienes privados y públicos para ayudar a decidir cuáles deben ser producidos en forma privada y cuáles por el estado, o con ayuda de éste. Ni siquiera el análisis más superficial podría dejar de señalar que si se utiliza el supuesto criterio de no exclusión, en lugar de encontrar una solución razonable, se originarían grandes dificultades. Por lo menos a primera vista parecería que algunos de los bienes y servicios provistos por el estado podrían calificarse verdaderamente como bienes públicos, pero no se ve con claridad cuántos de ellos, cuya producción está realmente a cargo de aquél, pueden incluirse en esa categoría. Los ferrocarriles, los servicios portales, los teléfonos, las calles y otros por el estilo, parecen ser bienes cuyo uso puede ser limitado a las personas que los financian, por lo cual se manifiestan como bienes privados. Lo mismo puede decirse sobre muchos aspectos de un bien tan polifacético como la “seguridad”: cualquier cosa pasible de ser asegurada puede calificarse como un bien privado. Con todo, esto no basta, ya que, así como hay un sinnúmero de bienes provistos por el estado que parecen ser en realidad privados, también existen muchos, producidos en forma privada, que podrían incluirse en la clase de los bienes públicos. Es obvio que mis vecinos pueden disfrutar contemplando los rosales de mi jardín, con lo cual se benefician sin haberme ayudado jamás a cuidarlos. Lo mismo puede decirse de todas las mejoras que yo haya hecho en mi propiedad, que al mismo tiempo han aumentado el valor de las aledañas. La actuación de un músico callejero proporciona placer incluso a aquellos que no depositan una moneda en su gorra. Los pasajeros que viajan conmigo en el ómnibus no me han ayudado a comprar mi desodorante. Y todos aquellos que se relacionan conmigo son beneficiarios de los esfuerzos que he realizado, sin su aporte económico, para convertirme en una persona digna de aprecio. Entonces, todos esos bienes que poseen evidentemente características de bienes públicos -los rosales de mi jardín, las mejoras en mi propiedad, la música callejera, el desodorante, el perfeccionamiento personal-, ¿debe ser provistos por el estado, o con ayuda de éste?

Todos estos ejemplos indican que hay un serio error en la teoría según la cual los bienes públicos no pueden ser producidos en forma privada sino que requieren la intervención del estado. Es obvio que el mercado puede producirlos. Mas aun, la evidencia histórica demuestra que todos los denominados bienes públicos cuya producción está ahora a cargo del estado fueron en otros tiempos provistos por la empresa privada, y aún lo son hoy en día en algunos países. Por ejemplo, los servicios postales se financiaban en forma privada prácticamente en todas partes; las calles eran privadas (todavía siguen siéndolo en algunos lugares); hasta los famosos faros fueron antaño fruto de la iniciativa privada; existen fuerzas de policía, detectives y árbitros privados, y tradicionalmente las organizaciones caritativas privadas han velado por los enfermos, los pobres, los ancianos, los huérfanos y las viudas. Por lo tanto, la experiencia desmiente una y cien veces que todas esas cosas no puedan producirse en un sistema de mercado.

Además, surgen otras dificultades cuando se utiliza la distinción entre bienes públicos y privados para decidir qué es lo que se deja librado al mercado. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la producción de bienes públicos tuviera consecuencias negativas, y no positivas, para otras personas, o si las consecuencias fueran positivas para algunos y negativas para otros? ¿Qué pasaría si el vecino cuya casa se salvó del fuego por la intervención de los bomberos que yo contribuí a financiar hubiese deseado que se quemara (tal vez porque estaba asegurada en una suma importante); o si mis vecinos detestaran las rosas o los que viajan conmigo en el ómnibus encontraran desagradable el perfume de mi desodorante? Además, los cambios tecnológicos pueden modificar el carácter de un bien determinado. Es lo que ocurre, por ejemplo, con el desarrollo de la televisión por cable, que ha transformado en privado un bien que antes era (aparentemente) público. Las modificaciones en las leyes que rigen la propiedad -la asignación de la propiedad- pueden tener un efecto similar al cambiar el carácter de un bien público o privado. Por ejemplo, el faro sólo es un bien público en la medida en que el mar en el que se encuentra es de propiedad pública (y no privada). Pero si se permitiera la privatización de algunos sectores del océano, tal como sucedería en un sistema puramente capitalista, sin duda sería posible excluir de los beneficios que proporciona el faro a los que no pagaran por ellos, porque su luz tiene un alcance limitado.

Dejemos este nivel de análisis un tanto superficial y examinemos con más detalle la distinción entre bienes públicos y privados; descubriremos así que resulta ser totalmente ilusoria. La causa fundamental de que haya tanto desacuerdo en cuanto a la clasificación de un bien dado es que no existe una dicotomía inequívoca. Todos los bienes son más o menos privados o públicos, y el grado en que lo son puede cambiar -de hecho, lo hace constantemente- según se van modificando los valores y las evaluaciones de las personas y va cambiando la composición de la población. Para reconocer que los bienes no pueden ser incluidos de una vez y para siempre en una u otra categoría, sólo hay que recordar qué es lo que convierte a una cosa en un bien. Para que lo sea, alguien tiene que considerarlo escaso y tratarlo como tal. Esto significa que una cosa no es un bien en sí misma sino que sólo lo es para alguien. Únicamente adquiere la condición de bien si una persona la evalúa subjetivamente como tal. De esto se deprende que, si las cosas nunca son bienes en sí mismas -si su condición de bienes económicos no puede determinarse por un análisis fisicoquímico-, es obvio que no existe un criterio invariable para clasificar un bien como privado o público. Los bienes nunca pueden ser una cosa u otra en sí mismos. Su carácter público o privado depende de cuántas o cuán pocas personas los consideran como bienes, y el grado en que son públicos o privados varía a medida que lo hacen las evaluaciones y va desde uno hasta el infinito. Aun aquellas cosas que, al parecer, son absolutamente privadas, como el interior de mi departamento o el color de mis prendas íntimas, pueden convertirse en bienes públicos si despiertan el interés de alguien. Y a la inversa, bienes aparentemente públicos, como la fachada de mi casa o el color de mi overol, pueden llegar a ser muy privados apenas otras personas dejan de interesarse por ellos. Además, las características de un bien pueden cambiar una y otra vez; incluso puede dejar de se un bien público o privado para convertirse en un mal, público o privado, o viceversa; esto sólo depende de cómo cambien las consideraciones acerca de él. Siendo así, no es posible basar ninguna decisión sobre la clasificación de un bien como público o privado. En realidad, para hacerlo sería necesario preguntar virtualmente a cada persona si le interesa o no cada uno de los bienes en particular -en forma positiva o negativa, e incluso hasta qué punto- para determinar quién se beneficiaría con qué y, en consecuencia, quién participaría de la financiación del bien. (¿Y cómo saber si dicen la verdad?) También sería necesario controlar permanentemente los cambios que se producen en las evaluaciones, con lo cual jamás se podría tomar una decisión definitiva con respecto a la producción de nada, y como resultado de esta teoría sin sentido estaríamos todos muertos desde hace mucho tiempo.

Pero aun si pasáramos por alto todas estas dificultades y admitiéramos, en beneficio del argumento, que la distinción entre bienes públicos y privados es aplicable al agua, aquel no probaría lo que supuestamente debe probar. No proporciona razones concluyentes de por qué los bienes públicos -suponiendo que existan como una categoría separada de bienes- deberían ser producidos en modo alguno, ni de por qué debería producirlos el estado y no la empresa privada. La teoría de los bienes públicos, introduciendo la distinción conceptual referida dice en esencia esto: El hecho de que los bienes públicos tengan efectos positivos para las personas que no contribuyen en absoluto a producirlos o financiarlos demuestra que dichos bienes son deseables. Pero es evidente que no serían producidos en un mercado libre y competitivo, o por lo menos no en cantidad y calidad suficientes, porque ninguno de los que se beneficiarían con su producción contribuiría económicamente a ella. Por lo tanto, para que sea posible producir esos bienes (que, aunque evidentemente deseables, no serían producidos de otro modo) el estado debe intervenir y prestar su ayuda. Un razonamiento como éste, que puede encontrarse en casi todos los textos de economía (incluso en los de algunos laureados con el premio Nobel), es totalmente erróneo, y lo es en dos aspectos.

En primer lugar, para llegar a la conclusión de que el estado debe proveer bienes públicos que de otro modo no se producirían es preciso introducir una norma de contrabando en la cadena de razonamientos, porque si no, partiendo de la afirmación de que algunos bienes, por ciertas características especiales que poseen, no serían producidos, no podría inferirse jamás que deberían serlo. Pero al introducir esta norma para justificar su conclusión, los teóricos de los bienes públicos han traspasado los límites de la economía como ciencia positiva, wertfrei, para entrar en el ámbito de la moral o de la ética; en consecuencia podría esperarse que enunciaran una teoría de la ética como disciplina cognoscitiva, para legitimar lo que están haciendo y extraer su conclusión de manera justificada. Sin embargo, nunca se podrá destacar los suficiente el hecho de que en toda la bibliografía existente acerca de los bienes públicos no hay una sola mención de algo que se parezca siquiera vagamente a una teoría cognoscitiva de la ética. Por eso, es necesario aclarar desde el vamos que los teóricos de los bienes públicos están haciendo un mal uso del prestigio que podrían tener como economistas positivos por sus pronunciamientos respecto de temas en los cuales, como sus propios trabajos lo indican, carecen en absoluto de autoridad. ¿Es que, quizá, dieron accidentalmente con algo correcto, sin fundamentarlo en una teoría moral elaborada? Se hace evidente que nada podría estar más lejos de la verdad apenas se pronuncia en forma explícita la norma necesaria para llegar a la conclusión de que el estado debe ayudar a proveer bienes públicos. La norma es ésta: Toda vez que se demuestre de algún modo que la producción de un bien o servicio particular tiene un efecto positivo sobre alguien, pero no se lo puede producir en absoluto, o no se lo puede producir en una cantidad o con una calidad definida a menos que ciertas personas participen en su financiación, está permitido ejercer violencia contra ellas, sea en forma directa o indirectamente con la ayuda del estado, y esa personas deben ser compelidas a compartir las obligaciones financieras necesarias. No hace falta aclarar que la implementación de esta regla conduciría al caos, porque equivale a decir que cualquiera puede atacar a otro cuando le parezca. Mas aún, como lo he demostrado en detalle en otro trabajo (From The Economics of Laissez Faire to the Ethics of Libertarianism), esta norma nunca puede ser considerada como justa. Este tipo de razonamiento, en realidad todo razonamiento, en favor o en contra de cualquier posición, sea ésta moral o no, sea empírica o lógico-analítica, debe dar por sentado que, a la inversa de lo que dice realmente la norma, queda asegurada la integridad de cada individuo como una unidad físicamente independiente para la toma de decisiones. Sólo se puede afirmar algo, y después llegar a un posible acuerdo o desacuerdo al respecto, si cada uno está libre de agresión física por parte de otro. Por lo tanto, el principio de no agresión es la precondición necesaria para el debate y el posible acuerdo y por eso se lo debe defender racionalmente como una norma justa por medio de un raciocinio a priori.

Pero el razonamiento defectuoso que implica la teoría de los bienes públicos no es la única causa de su fracaso. Incluso el raciocinio utilitario, económico, contenido en el argumento es evidentemente erróneo. Bien podría ser que, como lo sostiene la teoría, fuera mejor tener bienes públicos que no tenerlos, aunque no debemos olvidar que no existe una razón a priori por la cual deba ser necesariamente así (en tal caso, el razonamiento de los teóricos de los bienes públicos terminaría aquí mismo). Es muy posible (en realidad es un hecho comprobado) que existan anarquistas cuyo rechazo por la acción estatal llegue a tal punto que prefieran no tener los denominados bienes públicos a tenerlos provistos por el estado. Sea como fuere, aun si aceptamos el argumento hasta este punto, una cosa es afirmar que los bienes públicos son convenientes y otra muy distinta sostener que, por lo tanto, debe proveerlos el estado; esto no es convincente en absoluto, ya que la elección que se nos plantea no es ésta. En vista de que es preciso retirar dinero u otros recursos de posibles usos alternativos para financiar bienes públicos que supuestamente son convenientes, la única pregunta pertinente y apropiada es si estos usos alternativos que se habrían dado al dinero (es decir, los bienes privados que se habrían podido adquirir pero que ya no es posible comprar porque el dinero se gastó en bienes públicos) son más valiosos -más urgentes- que los bienes públicos. Y la respuesta a esta pregunta es bien clara. Desde el punto de vista del consumidor, por alto que sea el nivel absoluto de los bienes públicos, su valor es relativamente más bajo que el de los bienes privados que compiten con ellos, porque si los consumidores pudieran elegir libremente (en lugar de que se les imponga una alternativa), por supuesto habrían preferido gastar de otro modo su dinero (de lo contrario no habría sido necesario usar la fuerza). Esto demuestra, más allá de toda duda, que los recursos empleados en la provisión de bienes públicos se malgastan, porque lo que se provee a los consumidores es, a lo sumo, bienes y servicios de importancia secundaria. En resumen, aun asumiendo que existiesen bienes públicos claramente distinguibles de los privados, y si se pudiera garantizar la utilidad de determinado bien, los bienes públicos deberían competir con los privados. Existe un solo método para descubrir si son más necesarioss -urgentes- o no, y hasta qué punto o, mutatis mutandis, si se los debe producir a expensas de no producir, o producir en menor cantidad, bienes privados más urgentes, y hasta qué punto: permitiendo que todas las cosas sean provistas mediante la libre competencia entre empresas privadas. De ahí que, contrariamente a lo que afirman los teóricos de los bienes públicos, la lógica nos obliga a aceptar la conclusión de que sólo un sistema de mercado libre puede salvaguardar la racionalidad, desde el punto de vista de los consumidores, de la decisión de producir un bien público. Y sólo en un orden puramente capitalista se puede asegurar que la decisión acerca de la cantidad que se debe producir (si es que se debe producir algo) será también racional. Para que el resultado fuese diferente haría falta una revolución semántica de características verdaderamente orwellianas. Los teóricos de los bienes públicos sólo podrían “demostrar” que cuando alguien dice “no”, en realidad quiere decir “si”, que cuando una persona “no compra una cosa” es porque la prefiere a cualquier otra, que la “violencia” realmente significa “libertad”, que “no hacer un contrato” implica “contratar”, etcétera. Pero en este caso, ¿cómo podríamos estar seguros de que realmente quieren decir lo que parecen decir cuando dicen lo que dicen y no quieren significar exactamente lo contrario, o incluso dicen algo que tiene un sentido definido pero no hacen otra cosa que parlotear? El caso es que no podemos saberlo. En consecuencia, M.N. Rothbard está totalmente en lo cierto al hablar de los esfuerzos que hacen los ideólogos de los bienes públicos para probar la existencia de lo que denominan fallas del mercado debido a la falta de producción de bienes públicos, o a una producción cuantitativa o cualitativamente “deficiente” de éstos. Escribe que “un punto de vista como éste interpreta de manera incorrecta la aseveración de la ciencia económica de que la acción del mercado libre es siempre óptima. No lo es desde la perspectiva de la ética personal de un economista, sino desde la de las acciones libres, voluntarias, de todos los participantes, y porque satisface las necesidades libremente expresadas de los consumidores. Por ende, la interferencia gubernamental siempre, y de modo inevitable, alejará esa acción de su punto óptimo”.

En realidad, los argumentos con los que se intenta probar las fallas del mercado son claramente absurdos. Si se prescinde de la jerga técnica, lo único que demuestran es esto: un mercado no es perfecto y se caracteriza por regirse por el principio de no agresión impuesto en condiciones signadas por la escasez; de este modo, aquellos bienes o servicios que solo podrían producirse si la agresión estuviera permitida, simplemente no se producen. Muy cierto. Ningún teórico de la economía de mercado se atrevería a negarlo. Pero, y esto es fundamental, esta “imperfección”del mercado es defendible, tanto en el aspecto moral como en el económico, mientras que las supuestas “perfecciones” de los mercados que preconizan los teóricos de los bienes públicos no lo son. También es cierto que si el estado abandonara la práctica corriente de proveer bienes públicos, se producirían algunos cambios en la estructura social existente y en la distribución de la riqueza, y no hay duda se que esta reorganización acarrearía privaciones a algunas persona. Precisamente a esto se deba la resistencia de gran parte del público a una política de privatización de las funciones estatales, aunque ésta incrementaría la riqueza total a largo plazo. Sin embargo, este hecho sin duda no puede aceptarse como argumento válido para demostrar el fracaso de los mercados. Si a un hombre se le permitía golpear a otros en la cabeza y a partir de cierto momento se le impide hacerlo, lógicamente se sentirá perjudicado, pero esto no puede aceptarse como excusa válida para mantener las antiguas reglas (que lo autorizaban a golpear). Si bien ha sido afectado, esto significa que se ha sustituido un sistema en el que algunos consumidores tienen derecho a determinar en qué casos a otros no se les permite comprar en forma voluntaria lo que desean con medios legítimamente adquiridos y de los cuales disponen, por otro en el que todos tienen igual derecho a decidir qué bienes se deben producir y en qué cantidad. Por cierto, desde la perspectiva de todos, como consumidores voluntarios, esta sustitución es preferible y beneficiosa.

La fuerza del razonamiento lógico, pues, nos lleva a aceptar la conclusión de Molinari de que, para beneficio de los consumidores, todos los bienes y servicios deben ser producidos por los mercados. Es falso que haya categorías de bienes claramente diferenciables cuya existencia haría necesaria un corrección especial a la tesis general sobre la superioridad económica del capitalismo; aun si existieran, no sería posible encontrar una razón específica por la cual esos bienes públicos, supuestamente especiales, no deberían ser producidos por empresas privadas, puesto que invariablemente entran en competencia con los bienes privados. En realidad, la mayor eficiencia de los mercados en comparación con el estado en lo que respecta a aun número creciente de bienes presuntamente públicos es cada vez más evidente a pesar de la propaganda de los teóricos de los bienes públicos. Nadie que hiciera un estudio serio acerca de estos temas podría negar, ante la experiencia de todos los días, que los mercados pueden producir en la actualidad servicios postales, ferrocarriles, electricidad, teléfonos, educación, dinero, caminos, etcétera, con más eficiencia que el estado, es decir, satisfaciendo mejor las preferencias de los consumidores. Sin embargo, las personas rehuyen la intervención del mercado en un sector en el cual la lógica indica que se la debe aceptar: en la producción de seguridad. Por eso, me ocuparé a partir de ahora de explicar por qué la economía capitalista tiene un funcionamiento superior en esa área; la superioridad ha quedado ya demostrada desde el punto de vista lógico, pero será más evidente cuando veamos algunos ejemplos que la experiencia aporta al análisis y consideremos el asunto como un problema por derecho propio.

¿Cómo funciona un sistema de productores de seguridad no monopólicos, que compiten entre sí? Es preciso tener bien claro desde el principio que al responder esta pregunta abandonamos la esfera del análisis puramente lógico, por lo cual las respuestas carecerán en forma inevitable del carácter apodíctico de los pronunciamientos sobre la validez de la teoría de los bienes públicos. El problema en este caso es análogo al que tendría que resolver un mercado que tuviese que dedicarse a producir hamburguesas, en especial si hasta ese momento su producción hubiera estado exclusivamente a cargo del estado y por lo tanto no hubiese experiencia previa al respecto. Sólo se pueden dar respuestas tentativas. Es posible que nadie pudiera conocer cómo es exactamente la industria de las hamburguesas: cuantas compañías competidoras debería haber, qué importancia tendría esta industria en comparación con otras, cómo serían las hamburguesas, cuántos tipos diferentes saldrían a la venta y quizá desaparecerían por falta de demanda, etcétera. Nadie conocería todas las circunstancias y los cambios que podrían influir sobre la estructura de esta industria: cambios en la demanda de los distintos grupos consumidores, en la tecnología, en los precios de los diversos bienes que la afectan en forma directa o indirecta, y así sucesivamente. Es preciso destacar que aunque la producción privada de seguridad plantea problemas similares, esto no significa que no se pueda decir nada concluyente. Partiendo de la base de que existen ciertas condiciones generales para la demanda de servicios de seguridad (y estas condiciones son el reflejo, más o menos realista de cómo es el mundo en la actualidad), lo que podemos y debemos decir es que los diversos órdenes sociales de producción de seguridad caracterizados por tener que operar dentro de distintas limitaciones estructurales, responderán de maneras diferentes. Analicemos primero en detalle la producción de seguridad por el estado. De carácter monopólico, porque al menos e este caso disponemos de amplia evidencia con respecto a la validez de las conclusiones; después compararemos este sistema con el que existiría si este modo de producción fuera reemplazado por uno no monopolista. Aunque la seguridad se considere un bien público, debe competir con otros bienes en los que respecta a la asignación de recursos. Lo que se gasta en seguridad ya no se puede gastar en otros bienes que también aumentan la satisfacción del consumidor. Además, la seguridad no es un bien único y homogéneo, sino que también implica protección contra los rateros, los violadores, los que contaminan el ambiente, los desastres naturales, etcétera. Por otra parte, no se produce “en conjunto”, sino que se la puede proveer en unidades marginales. Por añadidura, cada uno asigna una importancia diferente a la seguridad, considerada en su conjunto, y del tiempo y el lugar en que le toca vivir. Entonces, teniendo en cuenta sobre todo el problema económico fundamental que significa la asignación de recursos escasos a fines que compiten entre sí, ¿cómo puede el estado, una organización que no se financia sólo por las contribuciones voluntarias y por la venta de sus productos, sino parcial o totalmente por medio de impuestos, decidir cuánta seguridad debe producir, en cuántos de cada uno de sus innumerables aspectos, a quién proporcionar determinada cantidad de qué producto, y dónde? Y la única respuesta posible es que no hay una manera racional de resolver este problema. Si se la considera desde el punto de vista de los consumidores, la respuesta a sus demandas de seguridad debe considerarse arbitraria. ¿Necesitamos un solo policía, o un solo juez, o cien mil? ¿Hay que pagarles $100 por mes, o $10.000? Los policías, cualquiera que sea su número, ¿deben emplear más tiempo patrullando las calles, persiguiendo ladrones o recuperando objetos robados, o buscando a aquellos que comenten delitos tales como la prostitución, el abuso de drogas o el contrabando? Y los jueces, ¿deben emplear más tiempo y energía en atender casos de divorcio, contravenciones de tránsito, raterías en negocios, o en casos de asesinatos y actos perpetrados contra los monopolios? Es obvio que hay que dar alguna respuesta a estas preguntas porque como vivimos en condiciones de escasez y nuestro mundo no es un paraíso, el tiempo y el dinero que se gasten en una cosa ya no podrán dedicarse a otra. Si bien el estado también debe dar respuesta a estas preguntas, lo hace sin sujeción alguna al criterio que rige las pérdidas y las ganancias. Por eso, su acción es arbitraria e implica necesariamente enormes desperdicios de recursos, desde el punto de vista de los consumidores. Como todos sabemos, los productores de seguridad empleados por el estado producen lo que quieren, independientemente de las necesidades de los consumidores, que son muchas. En lugar de hacer lo que deben, prefieren holgazanear, y si tienen que trabajar se inclinan por las tareas más fáciles o por estar allí donde pueden sentirse poderosos, en lugar de servir a los consumidores. Los oficiales de policía se pasean en los coches patrulleros a la caza de pequeños infractores de tránsito, gastan enormes sumas de dinero en investigación de delitos que no afectan a terceros y que si bien es cierto que desagradan a mucha gente (por ejemplo, a los que no los cometen), también lo es que pocos gastarían su dinero en combatirlos, en la medida en que no los perjudican en forma inmediata. Sin embargo, es notoria la ineficiencia de la policía, pese a los presupuestos cada vez mayores con que cuenta, con respecto a lo que los consumidores necesitan con más urgencia, a saber, la prevención de delitos graves (por ejemplo, los crímenes perpetrados contra las personas), la captura y el castigo efectivo de los criminales, la recuperación del dinero o los objetos robados y la garantía de que las víctimas serán compensadas por sus agresores.

Además, sea cual fuere el desempeño de la policía o de los jueces empleados por el estado, siempre será deficiente porque sus retribuciones son más o menos independientes de las evaluaciones de los consumidores respecto de sus servicios. La arbitrariedad y la brutalidad de la policía y la lentitud de los procesos judiciales son una consecuencia de esto. También es digno de destacarse el hecho de que ni la policía ni e sistema judicial ofrecen a los consumidores nada que se parezca a un contrato de servicio en el que conste en términos inequívocos el procedimiento que se pondrá en marcha en una situación específica. En cambio, ambos actúan en un vacío contractual que con el tiempo los lleva a cambiar en forma arbitraria sus reglas de procedimiento y que explica el hecho, verdaderamente ridículo, de que las controversias en las que participan policías y jueces, por un lado, y ciudadanos privados por el otro, no sean dirimidas por un árbitro independiente, sino por otro policía u otro juez que es también parte interesada en la disputa por se empleado del estado.

En tercer lugar, todo el que haya estado alguna vez en un departamento de policía o en un juzgado, para no hablar de las cárceles, sabe bien que los factores productivos empleados para proveer de seguridad al público están deteriorados por el uso excesivo, mal conservados y sucios. Como ninguno de los que usan esos factores productivos los posee realmente (nadie puede venderlos y apropiarse privadamente del producto de esa venta) y en consecuencia las pérdidas (y las ganancias) del valor incorporado en el capital utilizado quedan socializadas, todos tratarán de incrementar sus ingresos privados resultantes del uso de los factores a expensas de pérdidas en el valor del capital. Por eso, el costo marginal tenderá a sobrepasar cada vez más el valor del producto marginal, de lo que resultará un uso excesivo del capital, esto sólo habría sido posible con costos comparativamente mucho más elevados que los de cualquier empresa privada similar.

Es indudable que todos los problemas inherentes a un sistema que tiene el monopolio de la producción de seguridad se resolverían con relativa rapidez si un mercado competitivo, con su estructura totalmente diferente concebida para incentivar a los productores, se hiciera cargo de una demanda determinada de servicios de seguridad. Esto no significa que se encontraría la solución “perfecta” al problema de la seguridad. Seguiría habiendo robos y asesinatos, y no todos los bienes robados podrían recuperarse ni sería posible capturar a todos los asesinos, pero en lo que respecta a las evaluaciones de los consumidores, la situación mejoraría en la medida en que puede mejorar siendo la naturaleza humana como es. En primer lugar, siempre que haya un sistema competitivo, es decir, siempre que los productores de servicios de seguridad dependan de las adquisiciones voluntarias (que en su gran mayoría tomarán la forma de contratos de servicio y seguro, concertados antes de que se produzca efectivamente un acto de agresión o que se manifieste una inseguridad), ningún productor podrá aumentar sus ingresos sin mejorar sus servicios o la calidad de su producto según la evaluación de los consumidores. Además, todos los productores de seguridad tomados en su conjunto no podrían afirmar la importancia de su industria particular a menos que, por cualquier razón, los consumidores empezaran a valorar la seguridad más que otros bienes, con lo cual asegurarían que la producción de seguridad no se llevaría a cabo nunca y en ningún lugar a expensas de la no producción (o de la producción reducida) de, por ejemplo, queso, como bien privado competitivo. Por añadidura, los productores de servicios de seguridad deberían diversificar sus ofrecimientos en un grado considerable, porque la demanda de sus productos por parte de millones de consumidores es muy variada. Como dependerían directamente del apoyo de éstos, si no respondieran del modo adecuado a sus necesidades, o a los cambios en esas necesidades, sufrirían inmediatamente un perjuicio financiero. Por lo tanto, cada consumidor ejercería una influencia directa, aunque pequeña, sobre la aparición o desaparición de productos en el mercado de la seguridad. Esto ofrecería un sinnúmero de servicios a cada uno, en lugar del “paquete de seguridad” uniforme que brinda el estado. Y esos servicios estarían adaptados a los distintos requerimientos de de seguridad de los diferentes consumidores, según sus ocupaciones, su conducta más o menos arriesgada, sus necesidades de protección y seguros, y también sus circunstancias geográficas y la urgencia que manifiesten.

Por supuesto, esto no es todo. Los productos no sólo se diversificarían, sino que mejorarían en cuanto a cantidad y calidad. Estas empresas privadas brindarían a sus clientes una esmerada atención y desaparecerían la desidia, la arbitrariedad e incluso la brutalidad, la negligencia, la lentitud que caracterizan a la policía y al sistema judicial del estado. Los policías y los jueces dependerían del apoyo voluntario de los consumidores, por lo cual el maltrato, la descortesía y la ineptitud hacia éstos podrían costarle sus empleos. Casi seguramente se daría el fin a la costumbre tan peculiar de que la conciliación de las controversias entre un cliente y una empresa se confíe invariablemente al dictamen de esta última, y los productores de seguridad encargarían la resolución a árbitros independientes, lo que es más importante, los productores de esos servicios deberían ofrecer, con el fin de atraer y retener a los consumidores, contratos por los cuales éstos pudieran saber con exactitud lo que están adquiriendo y que les permitieran plantear reclamaciones válidas, sujetas a comprobación intersubjetiva, si el desempeño real del productor se seguridad no se ajustara a lo especificado en el contrato. Más precisamente, como no se trataría de contratos de servicios individualizados en los cuales el consumidor paga para que se cubran sólo sus propios riesgos, sino más bien contratos de seguros propiamente dichos, mancomunados, a la inversa de lo que ocurre en la política estatal vigente, ya no contendrían ningún esquema redistributivo concebido adrede para favorecer a un grupo a expensas de otro. Si por otra parte, alguien considerara que el contrato que se le ofrece implica que debe pagar los riesgos y necesidades de otras personas -por ejemplo, por factores de posible inseguridad que no estima aplicables a su caso personal-, simplemente podría rehusarse a firmarlo o dejar de pagar.

No obstante, después de todo lo dicho surge en forma inevitable un interrogante: “¿Un sistema competitivo de producción de seguridad tendría como consecuencia necesaria el conflicto social permanente, el caos y la anarquía?” Las respuestas pueden ser varias. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que la evidencia histórica, empírica, no concuerda en absoluto con esta impresión. Antes del advenimiento del estado-nación hubo en diversos lugares sistemas judiciales competitivos (por ejemplo, en la antigua Irlanda o en los tiempos de la Liga Hanseática) y, por lo que sabemos, funcionaron bien. A juzgar por los índices de criminalidad existentes en la época (crímenes per cápita), la policía privada en el Salvaje Oeste (que, entre paréntesis, no era tan salvaje como lo muestran algunas películas) era relativamente más eficaz que la policía estatal de nuestros días. Y si nos remitimos a la experiencia y a los ejemplos contemporáneos, incluso ahora existen millones de relaciones internacionales -comerciales y turísticas- y realmente sería una exageración decir, por ejemplo, que el fraude, el crimen y el incumplimiento de los contratos son mayores en esta esfera que en las relaciones internas de cada país. Y esto (es importante destacarlo) sin que haya un productor monopólico en materia de seguridad ni un legislador supremo. Por último, no debemos olvidar que en muchos países existen diversos productores de seguridad privados que actúan paralelamente al estado: investigadores privados, detectives de seguros y árbitros privados, cuyo trabajo demuestra que son más eficientes en o que respecta a resolver los conflictos sociales que sus contrapartes públicas.

Toda esta evidencia histórica está, sin embargo, sujeta en gran medida a discusión, sobre todo respecto de si puede extraerse de ella alguna información general. Pero también existen razones sistemáticas por las cuales el temor que suscita esta cuestión carece de un fundamento válido. El establecimiento de un sistema competitivo de productores de seguridad implica, por paradójico que esto parezca, la construcción de una estructura de incentivos institucionalizada para producir un orden legal y de observancia forzosa de las leyes que entrañe el mayor grado de consenso posible con respecto a la resolución de las controversias. Esto generaría menos intranquilidad social y conflicto que las condiciones monopólicas imperantes. Para entender esta paradoja es preciso considerar más a fondo la única cuestión típica que preocupa a los escépticos y os lleva a creer en la superioridad de un sistema monopólico de producción de seguridad: cuando surge un conflicto entre A y B, ambos están asegurados por compañías diferentes y éstas no pueden llegar a un acuerdo inmediato sobre la validez de las demandas opuestas que plantean sus respectivos clientes. (El problema no existiría si se alcanzara un acuerdo o si ambos clientes fueran asegurados por la misma compañía; por lo menos, esto no diferiría en absoluto de la situación emergente en condiciones de monopolio estatal.) ¿Una situación semejante tendría siempre un desenlace violento? Es muy improbable que así sea. Primero, cualquier lucha violenta entre empresas conllevaría un costo y un riesgo muy altos, sobre todo si han alcanzado u prestigio considerable (como deberían tenerlo para que sus futuros clientes puedan verlas en primer lugar como garantes efectivas de su seguridad). Lo que es más importante, en un sistema competitivo, los costos de cualquier conflicto entre compañías que dependen de la continuación de los pagos voluntarios de los consumidores tendrían que recaer forzosamente sobre todos y cada uno de los clientes de ambas. Bastaría que una sola persona dejara de pagar porque no está convencida de la necesidad de una confrontación violenta en el caso particular de que se trata para que hubiese una inmediata presión económica sobre la compañía que la obligaría a buscar una solución pacífica al conflicto. De ahí que cualquier productor de seguridad en un sistema competitivo debería ser muy cauto en lo que respecta a tomar medidas violentas para resolver las controversias. En lugar de hacerlo, y puesto que lo que los consumidores desean es que los litigios se resuelvan en forma pacífica, todos y cada uno de los productores de seguridad harían cuanto pudiesen para ofrecer esto a sus clientes y para establecer por anticipado de modo que no quedasen dudas, el proceso de arbitraje al que se someterían, ellos y sus clientes, en caso de desacuerdo acerca de la evaluación de demandas incompatibles. Los clientes de las distintas compañías considerarían que u esquema semejante sólo podría funcionar si todos ellos estuvieran de acuerdo con respecto a las medidas arbitrales, por lo cual se desarrollaría naturalmente un sistema legal que regiría las relaciones entre compañías y sería aceptable para los clientes de todas las firmas competitivas, sin excepciones. Por otra parte, así aumentaría más aun la posibilidad de que si se produjeran presiones económicas que generasen reglas representativas del consenso acerca del modo de dirimir las controversias. En un sistema competitivo, los árbitros independientes encargados de encontrar soluciones pacíficas a los litigios estarían supeditados al apoyo continuado de las dos compañías en disputa, puesto que cualquiera de ellas podría recurrir a un juez diferente, y por supuesto lo haría si estuviera insatisfecha con la sentencia dictada. Por lo tanto, estos jueces se sentirían presionados para encontrar soluciones (en este caso, no con respecto al procedimiento sino al contenido de la ley) que fuesen aceptables para todos los clientes de las firmas en disputa. Si no fuera así, una compañía, o todas, podrían perder clientes, lo que las llevaría a buscar otros árbitros la próxima vez que los necesitasen. Sin embargo, ¿no sería posible que en un sistema competitivo una compañía productora de seguridad se pusiera fuera de la ley, es decir que, con el apoyo de sus propios clientes comenzara a agredir a otras? Por supuesto, no se puede negar que tal posibilidad existe, pero digamos nuevamente que nos encontramos en la esfera de la ciencia social empírica y nadie puede saber con certeza si es así. Y sin embargo, la sugerencia tácita de que la posibilidad de que esto ocurra indica de algún modo una grave deficiencia en los fundamentos filosóficos y económicos de un orden social puramente capitalista, es falsa.

Ante todo, recordemos que la existencia continuada de cualquier sistema social, no menos de un orden estatista-socialista que de una pura economía de mercado, depende de la opinión pública, y que en todo momento un estado determinado de esa opinión pública delimita lo que puede y lo que no puede ocurrir, así como lo que es más o menos probable que ocurra. Por ejemplo, el estado actual de la opinión pública en Alemania occidental hace sumamente improbable, o aun imposible, que se pueda imponer allí un sistema estatista similar al soviético. La falta de apoyo público lo condenaría al fracaso y lo destruiría. Y sería aun más improbable que un sistema de ese tipo pudiera instituirse en los Estados Unidos, dadas las características de la opinión pública en ese país. Por lo tanto, si queremos comprender correctamente el problema de las compañías que podrían situarse al margen de la ley, tenemos que formular la cuestión en estos términos: ¿Qué probabilidad existe de que un hecho semejante pueda producirse en una sociedad dada, con un estado específico de la opinión pública? La respuesta auna pregunta expresada de esta manera será diferente según las distintas sociedades. En algunas, que se caracterizan por el profundo arraigo de ideas de corte socialista, la posibilidad de que surjan compañías que lleven a cabo políticas agresivas será mayor, y en otras sera mucho menos probable que esto ocurra. Pero entonces, la perspectiva de un sistema competitivo de producción de seguridad en cualquier caso dado sera mejor o peor que la continuación de un sistema estatista? Veamos, por ejemplo, el caso de los Estados Unidos en el presente. Supongamos que el estado aboliera su derecho a proporcionar seguridad a cambio del pago de impuestos e introdujera un sistema de seguridad competitivo. Dado el estado actual de la opinión pública ¿qué probabilidad existiría de que surgieran proveedores al margen de la ley, y que sucedería en ese caso? Como es obvio, la respuesta depende de las reacciones de la gente a este cambio en la situación. Por lo tanto, lo primero que habría que replicar a quienes objetan la idea de un mercado privado en lo que respecta a la seguridad, sería: “¿Y qué va a hacer usted? ¿Cuál va a ser su reacción? ¿Su temor a las compañías que se autoproscriben significa que entraría en tratos con un productor de seguridad que agrediera a otros y a su propiedad, y que usted seguiría apoyándolo si lo hiciera?” Por cierto, cualquier crítica sería acallada por un contraataque así. Pero más importante que esto es el desafío sistemático implícito en este contraataque personal. Es evidente que el cambio de situación descripto implicaría una transformación en la estructura de costo-beneficio que cada uno debería enfrentar una vez tomada su decisión. Antes de la introducción de un sistema competitivo de producción de seguridad, podría ser legal participar en un sistema agresivo y sustentarlo. Ahora, esa actividad se convierte en ilegal. Por lo tanto, dado que el hombre posee una conciencia que hace que las decisiones que toma sean más o menos costosas, es decir, estén más o menos en armonía con los principios personales respecto de lo que es una conducta correcta, el apoyo a una compañía que explota a aquellos que no desean secundar voluntariamente sus acciones puede ser más costoso ahora que antes. Dado que es así, se debe presumir que la cantidad de personas, entre ellas las que en otras circunstancias se habrían apresurado a apoyar al estado, dispuestas a gastar dinero para sustentar a una compañía que procede con honestidad sería cada vez mayor, e iría en aumento en todos los lugares en los que se llevara a cabo un experimento social semejante. Por el contrario, el número de aquellos que están de acuerdo con una política de explotación, en la cual unos ganan a expensas de otros, disminuiría. Por supuesto, el grado de rigurosidad de este efecto dependería del estado de la opinión pública. En el ejemplo que hemos tomado -el de los Estados Unidos, donde la teoría natural de la propiedad está ampliamente difundida y aceptada como una ética privada y la filosofía del libre albedrío es, esencialmente, la filosofía fundacional del país y la que lo ha llevado al lugar que ocupa en el mundo-, el efecto es naturalmente muy acentuado. De acuerdo con esto, las compañías productoras de seguridad comprometidas con la filosofía de proteger y hacer valer la doctrina del libre albedrío atraerán la mayor parte del apoyo público y de la ayuda financiera. Y si bien es cierto que algunas personas, sobre todo las que se han beneficiado con el antiguo estado de cosas, pueden continuar respaldando una política de agresión, es muy improbable que su número y su poder financiero sean suficientes como para que lo hagan con éxito. En cambio, es casi seguro que las compañías honestas desarrollarán la fuerza necesaria -por sí solas o en un esfuerzo conjunto que será apoyado por sus propios clientes voluntarios- para poner freno a la aparición de posibles productores rebeldes y destruirlos dónde y cuando aparezcan.










miércoles, 8 de julio de 2009

La bestialidad del regimen castrista




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miércoles, 1 de julio de 2009

¿Sabemos razonar la libertad?

No me gusta escribir post polémicos, pero a esta altura de mi vida no tengo ganas de tragar veneno, sobre todo cuando pareciera que se me quisiera explicar las cosas "mirándome desde arriba", y muy desde arriba.
El tema en cuestión radica en el tema de la prohibicion del uso del burka en Francia, prohibición que no está interesada en hacer el menor distingo entre uso voluntario o compulsivo. Se presume que el uso del burka es compulsivo sin tener en cuenta las cuestiones de tradición o convicciones religiosas que pueden llevar a usarlo voluntariamente. La pregunta es ¿Es esta una conducta liberal?


Se dan una serie de argumentos para estar a favor en algunas bitácoras, los más comunes son de tipo emocional, por ejemplo se nos dice que el burka denigra a la mujer, que es la esclavitud del siglo XXI, que es contrario a los valores de la república, etc, y todo esto, repito, sin hacer distingo entre uso voluntario y compulsivo, falta de distinción que no produce ni el menor pudor por lo visto.
El otro argumento es parecido al spot publicitario "mira quien vota a Filmus" ¿Se acuerdan?, y se menciona que a favor de la prohibición del burka están Pilar Rahola, Cristopher Hitchens etc.
¿Argumentos lógicos? Ninguno, y el solo hecho de pedirlo es rigidez dogmática.
Con estos vaporosos argumentos se quiere justifica la prohibición del burka, y repito por tercera vez, sin distinguir entre uso voluntario y compulsivo, algo contra lo cual se rebela la razón. Pero dichos argumentos alcanza para mirar desde arriba y con las cejas arquedas para decir "es que ustedes los libertarios no entendéis". La respuesta es que si entendemos, lo que sucede es que no nos convencen tan etéreos argumentos.
Querer fundamentar la libertad el argumentos meramente emocionales lleva a su debilitamiento.
Las conductas que no afectan a terceros no deben ser censuradas. Decir que existe la libertad solo para lo que sociedad aprueba, o si bien no aprueba, que este dentro del "umbral de tolerancia" es una contradicción. Contradicción que no es un mero matiz, lleva al aniquilamiento de la libertad.
Artículo relacionado


lunes, 29 de junio de 2009

R.I.P

jueves, 25 de junio de 2009

Dispuestos a matar por el voto

El gobierno piensa cerrar los lugares de concurrencia masiva por el tema de la gripe porcina, sin embargo nos quiere obligar a votar el Domingo. Más concurrencia masiva que esa imposible.
Siendo la" Cuarta Impotencia mundial" en gripe porcina nos mandan a votar el Domingo antes de que estalle el modelo.
Indudablemente dispuestos a matar por el voto. Tomar precauciones y llevar en lo posible barbijo. Se ruega hacer copy pass o nota parecida en sus sitios.


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miércoles, 13 de mayo de 2009

El mito de la distribución del ingreso. La leyenda continúa

La muletilla de la distribución del ingreso no solo es propia del oficialismo, la sentimos constantemente en la oposición también. Es hora de derribar el mito, y analizar si está justificada éticamente, y por otro lado analizar si tiene alguna utilidad.
Desde el punto de vista de la ética se quiere justificar la distribución del ingreso en el ideario de la justicia social. El adjetivo social, ha transformado a la justicia en su contrario; en vez de ser la justicia "el dar a cada uno lo suyo" a pasado a ser "sacarle el fruto de su trabajo a uno para dárselo a otros"
Si vemos a la ética como un proceso de descubrimiento de normas que permiten la subsistencia del individuo en la sociedad, vemos que para el hombre de Cromagñon era de los más natural matar al miembro de otra tribu para apoderarse de su presa. Luego vio que podía correr igual suerte, tuvo miedo, vio que su existencia también estaba en peligro si todos empezaban a actuar de igual modo y llego a la conclusión que lo mejor era establecer pautas de comportamiento que todos se comprometieran a obedecer. De esa manera el hombre empezo a dominar sus instintos depredadores


La justicia social por lo tanto es una involución, ahora se puede dar rienda suelta a los instintos de depredación y saqueo con la convicción moral de que se actua por principio. Las consecuencia de esta "nueva y tragica moral" están a la vista.
Se puede decir que la justicia social (y todas las formas de intervencionismo en general) son fruto de la ética consecuencialista. Se violan pues principios éticos fundamentales en aras de unas consecuencias platónicas que nunca llegan.
Desde el punto de vista consecuencialista o utilitarista, pues tampoco pasa el examen. Para analizarlo debemos partir de una teoría base. Un análisis meramente empírico no alcanza, pues el empirismo por si solo tiene sus flaquezas, pues siempre que falla algún tipo de organización social y política, con el empirismo se le puede hachar la culpa a una X variante. Por ejemplo, se puede decir que Alemania del Este colapso no por las contradicciones y deficiencias del sistema comunista, sino porque no se la ayudo con el Plan Marshal.
Por eso es necesario una teoría fundamentada en axiomas básicos. Axiomas que no son dogmas, a su vez tienen alto contenido empírico, pero si no se tienen en cuenta al evaluar los hechos , dificilmente se pueda obtener una análisis certero. Son como los ojos que nos permiten ver la realidad.
primero debemos tener en cuenta:
Axioma 1: Solo la renta abundante puede ser capitalizada. Es decir un empresario con ingresos sobrantes y con capacidad de ahorro puede reinvertir comprando mayor capital y de esa forma crear nuevos puestos de trabajos y producir mayor cantidad de bienes y servicios de su actividad que aumentaran su oferta.
Axioma 2: Renta que va a distribución no va a reinverción. No necesita comentario
Axioma3: Si se desalienta la inversión por un lado, y se confisca los ingresos de la poca inversión existente por el otro, pues tenemos una verdadera maquina institucional de hacer pobres. Cuando se combate el capital el resultado es la pobreza, pues....
Axioma 4: El nivel de salarios de un país está dado por su grado de capitalización. Nueva York tiene mejor nivel de salarios que Bombay, no por su justicia social, sino por su grado mayor de capitalización.
La mejor distribución es la que realiza el mercado, el gobierno distribuye subsidios, el mercado fuentes de trabajo, sin que haya agresiones coactivas de por medio.

miércoles, 6 de mayo de 2009

¿cuanto peor, mejor?


Hacer click en la imágen.

lunes, 13 de abril de 2009

¿Ética aprioristica o evolutiva?

Tuve un debate muy ameno y en terminos muy resptuosos en mi blog sobre ética aprioristica, más concretamente sobre le axioma de no agresión. La discución central pasaba en que según mi contertulio el axioma de no agresión no alcanza para establecer la ética mínima exigible incluso en un orden liberal. Los ejemplos típicos son: el canibalismo consentido, la omisión de auxilio, maltrato a animales de nuestra propiedad, incesto, castración voluntaria etc.
Mi contertulio por lo tanto se inclinaba por la ética evolutiva, ética que no se puede fundamentar racionalmente, o por lo menos la razón no es el único parámetro. Y se permitiría coaccionar contra conductas que si bien no afectan a terceros, exceden el umbral de tolerancia. Ej: incesto.
La pregunta es: ¿Es preferible una ética que permita marginales conductas revulsivas que no afectan a terceros, pero que es un esquema ético con un altísimo nivel de seguridad y certeza como es el caso de la ética aprioristica? ¿O es preferible una ética evolutiva, de origen más bien consetudinario, que permite la condena de actos revulsivos, pero cuyo nivel de certeza casi se diluye, y si se desvía un poco incluso puede servir para justificar la social democracia?
¿Ética aprioristica o ética evolutiva? ¿Que es lo mejor para fundamentar un orden liberal? Dejo la respuesta al lector.




domingo, 12 de abril de 2009

Representación sin autorización

Este artículo de Ayn Rand de 1972 lo leí por primera vez en 2003 publicado por Claudio Omar Dores en mi grupo de yahoo Juventudliberal, la verdad es que nunca pierde vigencia.

Representación sin autorización

La teoría del gobierno representativo descansa sobre la idea de que el ser humano es un ser racional y, por tanto, capaz de percibir los hechos de la realidad, evaluarlos, formarse un juicio racional y tomar sus propias opciones asumiendo la responsabilidad de su propia vida. Políticamente, este principio se implementa mediante el derecho del individuo a escoger a sus propios agentes, aquellos a los que autoriza a representarle en las instituciones políticas del país dodne vive. Representarle significa, en este contexto, representar su visión de la política. Por ello el gobierno de todo país libre se basa en el consentimiento de los gobernados. Como confirmación de ese vínculo indisoluble entre la facultad de raciocinio y el gobierno representativo, observemos que los menores y los discapaces no tienen derecho a votar. Votar, es por tanto, un derecho derivado y no un derecho fundamental (...). El voto es, sin embargo, intransferible: el padre de doce menores no tiene trece votos, ni puede el director de un psiquiátrico votar por sus pacientes.

Filosóficamente, la teoría del gobierno representativo está en profundo conflicto con las principales escuelas de pensamiento actuales, empeñadas en negar la eficacia y hasta la misma existencia de la razón y de la volición. La dictadura y el determinismo son nociones que se retroalimentan. De hecho, si uno desea esclavizar a sus semejantes lo mejor que puede hacer es destruir su confianza en la validez de sus propios juicios y decisiones: cuando uno llega a creer que la razón y la volición son impotentes sólo le queda acatar la ley de la fuerza.



Desde Kant, el método dominante en la filosofía moderna siempre ha sido no abordar los temas mediante presentaciones intelectuales abiertas y directas sino mediante la corrupción, al objeto de convertir cada concepto en su opuesto. Igual que el propio Kant corrompió el concepto de razón para hacerle significar una especie de facultad mística propia de otra dimensión, así han actuado sus descendientes teóricos y prácticos frente a infinidad de conceptos. En el dialecto al uso hoy día, “libertad” ha pasado a significar obediencia a un mandato totalitario, “seguridad” equivale a dependencia total del Estado, “individualidad” es someterse al estilo de la masa, etcétera.

En los países sin experiencia previa de gobierno representativo es fácil corromper el término: basta, por ejemplo, ofrecerle a las masas toda la parafernalia de urnas y cabinas de votación y proponerle un solo candidato. En un país cuya misma historia comenzó con elecciones, esto debería ser más difícil. Sin embargo, desde hace más de medio siglo los intelectuales colectivistas están corrompiendo a los dos grandes partidos para convertirlos “de facto” en uno solo haciéndolos indistinguibles uno de otro, mientras los comentaristas al uso ignoraban culpablemente el descontento y pretendían hacernos creer que no hay oposición. (...)

Al mismo tiempo, los colectivistas han producido una nueva corrupción del concepto de representación política, aún más grotesca que el resto de sus abusos semánticos. Consiste en exigir cuotas obligatorias que “representen” a diversos tipos de gente en los órganos representativos. No queda claro a qué se refieren en este contexto cuando hablan de “representación”. Al principio se trataba de cuotas raciales en las empresas públicas o en las universidades. Posteriormente se comenzó a exigir cuotas étnicas “representativas” en el Gabinete y en el Tribunal Supremo. Las reglas de la convención demócrata de 1972 han hecho que el asunto de las cuotas devenga directamente político. es hora, por tanto, de examinar el significado de la doctrina de cuotas.

La noción de cuotas raciales es tan evidentemente racista que no merece mayor comentario. Cuando se descarta a un joven como estudiante de una determinada universidad porque su cuota racial ya está cubierta (y por tanto ya no es imprescindible admitirle) no hay duda de que se le excluye por motivos de raza. Si encima se le dice que sus “hermanos” de raza ya están dentro y le representan a él, se le está simplemente insultando. Exigir tales cuotas en nombre de la lucha contra la discriminación racial es una burla obscena.

Pero observemos que las dichosas cuotas de “representación” no sólo se aplican a las minorías raciales. Se presenta idénticas exigencias con relación a una mayoría social: las mujeres. Se piden diversas cuotas por edad (jóvenes, ancianos) y por motivos económicos (pobres). Observemos el común denominador de estos grupos: la base de tales agrupaciones de individuos y, por ende, de las cuotas que se reclama, no es intelectual sino meramente física. Es la clase de doctrina que recomforta emocional y subconscientemente a los intelectuales de hoy día, y particularmente a los académicos, aunque pocos de ellos sean realmente conscientes de las consecuencias.

Es una doctrina emanada del determinismo, y asume que los condicionantes físicos son el factor determinante de la vida humana y que los intereses de todos los miembros de un determinado grupo físico son idénticos. Sin embargo, me parece obvio que una mujer profesionalmente activa tiene más intereses en común con la mayoría de los hombres que con las amas de casa ociosas que de pronto descubren el movimiento feminista y manifiestan sus política negándose a cocinarle la cena a sus maridos. Un empresario negro hecho a sí mismo tiene muchos más intereses comunes con un empresario blanco que con un miembro de una banda negra de barrio. Un joven estudiante en busca de conocimiento tiene mucho más en común con sus profesores viejos que con jóvenes drogadictos o miembros de una secta. La doctrina de las cuotas parte de la falsa premisa que hace todos los miembros de un grupo físico idénticos entre sí e intercambiables, no sólo a ojos de los demás sino de sí mismos. Asumiendo una fusión total del yo con el grupo, la doctrina sostiene que no importa si es uno mismo o su “representante” quien ingresa en la universidad, obtiene un empleo o toma una decisión. (...)

Es evidente por qué motivo esta doctrina de cuotas atrae a los intelectuales modernos: elimina la responsabilidad de pensar, juzgar y elegir por uno mismo. Alienta el simple seguimiento a los líderes grupales, que supuestamente están predestinados a protegerle y preocuparse de uno, por el simple hecho de pertenecer a su mismo grupo físico. A la mayoría de los intelectuales, esto le promete un ansiado letargo, a una minoría le proporciona un camino hacia el poder.

En la medida en que la doctrina de cuotas se tome en serio, puede llegar a implicar la abolición de las elecciones, reemplazadas por un sistema que garantice la presencia de “representantes” de todos los grupos imaginables, excepto, claro está, un grupo: el conformado por las ideas comunes de gente diversa. Así se eliminaría la representación y la diferenciación ideológicas. (...) También en la Unión Soviética se permite y hasta se alienta la diversidad étnica, cultural y grupal mientras se proscribe la ideológica.

La doctrina de cuotas relega a la gente a la categoría de niños o discapaces, con guardianes nombrados en lugar de representantes genuinos. ya no hace falta elección individual, ya no es preciso escoger personalmente: la condición grupal del individuo escoge por él y legitima al “representante”. Las ventajas de esta perversión de la democracia son enormes para los dirigentes de los grupos de presión. Los ciudadanos quedan sometidos al estado de desesperanzada brutalidad en el que otros terminaron aceptando que las pirámides faraónicas, Versalles o el Kremlin eran obras erigidas para “representar” la gloria de su pueblo, aunque está claro quiénes se beneficiaron de ellas.

El derecho del individuo a designar sus propios representantes está reconocido en el reino material pero, aparentemente, no en el ideológico. Si alguien le vendiera a usted el puente de Brooklyn sería detenido por fraude, ya que obviamente no tiene autorización para actuar en nombre de sus propietarios. Pero los partidarios de la cuota le ven a usted como un trozo de carne y se nombran a sí mismos como “representantes” de usted, y nada menos que en política.

Ninguna organización tiene derecho a hablar en nombre de nadie más que de sus propios miembros voluntarios. A ninguna organización se puede considerar agente de un individuo sin su conocimiento y consentimiento personales. Si la “imposición sin representación es esclavitud” [lema de los revolucionarios independentistas norteamericanos en su lucha contra el colonialismo inglés], entonces la representación sin autorización es esclavitud adornada con fraude.

martes, 31 de marzo de 2009

Siguiendo con las buenas noticias...

¿Se retira Gabo? Aseguran que García Márquez "no volverá a escribir nunca más"

En 2004 Gabriel García Márquez escribió 'Memoria de mis putas tristes', la última novela suya publicada. Y parece, según las versiones, que ese será el último libro que escriba.

El biógrafo del gran escritor colombiano, el británico Gerald Martin, coincidió con las versiones que anuncian el retiro del Premio Nobel.

Martin, autor de "Gabriel García Márquez: A life", la primera biografía autorizada del escritor, coincidió con la agente literaria Carmen Balcells, quien dijo estar convencida de que el autor de ’Cien años de soledad’ "no volverá a escribir nunca más".

"Yo también creo que Gabo no escribirá más libros, aunque no me parece muy lamentable porque como escritor fue su destino tener la inmensa satisfacción de llevar a cabo una trayectoria literaria totalmente coherente muchos años antes de completar su existencia biológica", dijo Martin, según publicó la agencia ANSA.




Por su parte, el escritor y periodista colombiano Héctor Abad reveló que "hace poco García Márquez invitó a comer en su casa de México a un grupo de amigos para celebrar algo que por lo general los escritores no celebran: llevaba dos años sin escribir un sólo párrafo".

Abad consideró que el primer retiro del Premio Nobel 1982 -quien actualmente tiene 82 años- fue declararse "reportero en reposo" y abandonar el periodismo.

"Después, como si quisiera llegar paso a paso al silencio, decidió jubilarse también como novelista", explicó.

Sin embargo, el argentino Tomás Eloy Martínez abrió una ventanita para la esperanza de los seguidores del gran Gabo, poniendo en duda las versiones de su retiro. "Sólo él -afirmó- conoce sus ganas y sus límites para seguir escribiendo (si acaso los tiene). Y todo lo demás son adivinanzas".
(Extraído de Urgente24.com)

Por Fin Algo Productivo

Los llamados “Delitos contra el honor” (calumnias e injurias) serían derogados del código penal

Las calumnias y las injurias están cada vez más cerca de desaparecer del Código Penal. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le advirtió el año pasado a la Argentina que estos delitos, tal como están redactados, atentan contra la libertad de expresión, y se acaba de presentar un proyecto en el Congreso que propone derogarlos.
La iniciativa, redactada por la diputada de la Coalición Cívica Marcela Rodríguez, fue firmada por 13 legisladores de diferentes bloques, incluido el oficialismo.
La idea es derogar del Código Penal el título de los "delitos contra el honor", que hoy tienen penas de prisión, y derivar al fuero civil "todos los conflictos que afecten la dignidad, autoestima o reputación de las personas". De este modo, la forma de reparar el daño ya no sería la cárcel del ofensor, sino una indemnización o la retractación o rectificación pública.
(Fuente: lanacion.com)


Por fin algo productivo saldría del congreso y no la mediocre basura que suele tratarse.
El hecho de que alguien pueda ir preso por ofender verbalmente a otra persona me repugna desde lo más profundo. Una noción tan retrograda es digna de regimenes como los de Mussolini y Stalin, no de un país que se originó constitucionalmente en los valores de la libertad.
Espero que el congreso siga esta tendencia hacia la derogación de nuevas leyes, y si me piden alguna recomendación le sugiero: ley de abastecimiento, ley de defensa de la competencia, ley de defensa del consumidor, ley de contratos de trabajo, ley de sociedades comerciales, etc. etc. etc…
Y en honor al gran Thomas Sowell quería hacer alusión a sus sabias palabras:
QUIEN RESPONDE A TODOS LOS PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD CON LAS PALABRAS “DEBERÍA HABER UNA LEY PARA…” DESPRECIA LA LIBERTAD.



(aquí está el resto del post, entre los dos tags de span. sólo será visible clickeando en el link de "seguir leyendo ..."

lunes, 30 de marzo de 2009

Declaración de Principios PL 09MAR19 Revis






Declaración de principios del Partido Liberal


 



Atento que un partido político es un consenso de fundamentos y procedimientos alrededor de los cuales las personas se reúnen libremente en defensa de los mismos ideales y valores; Los aquí reunidos constituimos el Partido Liberal, y declaramos:





  1. Que las personas nacen con derechos que derivan de su naturaleza: A la vida, a la libertad, a la propiedad y a la búsqueda de su felicidad. Nadie puede ser privado de estos derechos por ninguna persona, grupo de personas, o estado. 
  2. Que cuando un gobierno se convierte en un obstáculo para dichos fines, los gobernados tienen el derecho de alterarlo o abolirlo.
  3. Que dicha libertad se expresa en el derecho a transitar, entrar, permanecer y salir del territorio nacional, pensar y publicar sus ideas sin censura, enseñar y aprender, asociarse, trabajar y ejercer industria lícita, contratar y ser contratado, usar y disponer de su propiedad, y el fruto de su trabajo, profesar su fe.
  4. Que las acciones derivadas del ejercicio de estos derechos no deben vulnerar los derechos de otra persona.
  5. Que ninguna persona tiene derecho a iniciar agresión o fraude contra otra o contra su propiedad legítimamente adquirida. El uso de la fuerza solo es admisible como defensa ante la violación de este principio.
  6. Que todas las personas son iguales ante la ley. Dicha igualdad es la base de las cargas públicas.
  7. Que para garantizar los derechos individuales se instauran gobiernos entre las personas; Y estos obtienen sus justos poderes del consentimiento de los gobernados.
  8. Que la única finalidad del estado es proveer y administrar los servicios de justicia y seguridad a la sociedad de la que es servidor.  
  9. Que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo perjudiquen a un tercero, no son de incumbencia del estado.
  10. Que las relaciones entre las personas son voluntarias. El estado no tiene la potestad de intervenir o alterar los acuerdos voluntarios entre los ciudadanos. 
  11. Que el imperio de la ley está siempre por encima de la voluntad de los gobernantes. Lo dispuesto por ley establecida mediante el debido proceso constitucional se
    impone a los gobernantes y a los gobernados

  12. Que los candidatos electos para ocupar cargos en los poderes del estado, representan a todos los ciudadanos; Y no a los partidos que los postularon.
  13. Que la única finalidad de los impuestos es la financiación del funcionamiento del estado.
  14. Que el municipio es el espacio político primario de la sociedad.
  15. Que el gobierno no debe destinar recursos a la imposición de una escala de valores o estilo de vida en particular.




Los abajo firmantes suscribimos a estos principios fundamentales y nos comprometemos a defenderlos.


viernes, 27 de marzo de 2009

ELECCIONES JUNIO 2009

Estimados Lectores:

Cómo todos sabrán, el Régimen se salio con la suya, y gracias a ciento treinta y seis diputados delincuentes y ocho diputados zurdos incorregibles que se abstuvieron, y cuarenta y dos parásitos senadores, aprobaron la ley que adelanta las elecciones nacionales para el día 28 de junio de 2009.

Ahora bien, es de público conocimiento que el Régimen no juega nada limpio en cada eleccionario y hacen desaparecer boletas y votan hasta los muertos.

Es por eso que resulta muy necesario, y es urgente que estemos preparados, que cada uno de nosotros invierta un día de su vida fiscalizando una urna en la escuela de su barrio que más les guste. Parece algo complicado, pero en realidad es bastante fácil, el Groncho te lo explica...

Yo, en mi caracter de simple ciudadano, les pido que traten de estar ahí el 28 de junio. Es por nuestro futuro, por el de nuestros hijos, para que no nos roben más, para que se dejen de joder y empiecen a sentir que los estamos controlando y que así los Ciudadanos vamos a hacer todo lo posible para destituirlos si no se ubican y cambian de actitud. (*)

Bueno, por último, pasen por este blog donde se está armando esta donación cívica (donás un día a la patria).




(*) Yo creo que los representantes del Régimen han hecho méritos suficientes como para que se les inicie el correspondiente juicio político, y una vez destituídos, la correspondiente causa penal.

PD: Saludos al Gran Hermano que seguramente está tomando nota de lo que escribí.

TODO LO ESCRITO EN ESTE POST ES OPINIÓN PERSONAL DE MARIANO IRAOLA.

jueves, 5 de marzo de 2009

La Ayuda A Los Pobres


Este trabajo que pasé al español es de una inmensa importancia. Allí, a la luz de la genialidad y el humor de Stefan Molyneux se introduce un concepto que a pesar de su simpleza contiene una relevancia extraordinaria, sobre todo en la actualidad donde la ayuda a los pobres es la excusa para el uso de la fuerza del estado sobre la población.
Lean y en lo posible distribuyan.



Encerrado en el baúl del auto: la solución política al problema del shopping

Ahora que mi mujer empezó a tomar cursos de ciencias políticas, las cosas se han vuelto bastante confusas en mi casa. Justo esta mañana alguien tocó a mi puerta. Al abrirla, me encontré con un enorme sujeto que preguntó por mi mujer.

"Creo que se esta cambiando porque justo hoy iba al Shopping, le dije extrañado.

"Ah" me dijo mientras se pasaba un escarbadientes por la boca, una y otra vez. "Ya sé por eso estoy aquí.

Quede mirándolo y me pregunté: un ayudante de compras? encargado de las bolsas? masajeador de pies? qué será?

Escuche a mi esposa bajar las escaleras. "Ah" exclamó. "Excelente, ya estoy lista!"

"Muy bien" contestó el hombre. Sacó una bolsa gigante por debajo de su traje. "Agáchese un poco" le dijo a mi esposa, mientras pasaba la bolsa sobre su cabeza.

Hice un intento de agarrarla del brazo pero decidí en vez usar palabras. "Qué estas haciendo?" le demandé al hombre

Mi esposa se enderezo sonriéndole al hombre. "Todo esta bien" dijo. "Me temo que mi esposo es muy liberal"

El hombre dio vuelta la vista mientras entrecruzó los brazos.

"La cuestión es querido" mi esposa sonrió, "verdaderamente tengo ganas de ir al Shopping..."

"Y por eso...te dejas llevar en una bolsa por este hombre?"



"Claro! Así es como funciona. No lo comprendí hasta tomar el curso de ciencias políticas, pero me resulta tan claro ahora"

"Qué cosa?"

"Bueno, antes cuando quería ir al Shopping, no era muy eficiente. Sólo tomaba mi cartera y las llaves del auto, iba al Shopping y simplemente compraba. Que locura era eso. Ahora finalmente comprendí como debería ser. Entonces cuando quiero ir al Shopping, llamo a este caballero que toma mi tarjeta de crédito, me mete en esta bolsa, coloca la bolsa en el baúl de mi auto, me lleva hasta el Shopping , hace las compras por mí y de paso compra algunas cosas para él. No es eso mucho mejor?

"Querida, seriamente no entiendo como eso tiene el mínimo sentido, haciéndolo sola no sería mejor?"

"Querido" dijo suavemente." Así es como se supone que debe hacerse. Si quiero hacer algo, llamo a alguien que me fuerce a hacerlo. Qué podría ser mejor? Es perfecto"

"Te puedes quedar con tu auto?"

Mi esposa miro curiosa al hombre a su lado. Él se adelanto y dijo: "No creo. Me parece que lo necesitaría un día o dos. Los llamo cuando haya terminado de usarlo y ustedes pueden venir a buscarlo. Esta bien?

"Claro que no esta bien" grite. "Si mi esposa quiere ir al Shopping, no necesita que la fuerces a ir al Shopping y encima comprando cosas para vos también."

"Querido" dijo devuelta mi esposa suavemente. "Es exactamente como las cosas deberían funcionar". Mientras se comía las uñas dijo. "Es exactamente como ayudamos a los pobres con los programas del estado de bienestar, no?"

"Qué?"

"Bueno, nosotros como votantes queremos ayudar a los pobres, verdad? Por tanto votamos políticos que nos obliguen a ayudar a los pobres. Toman nuestro dinero, lo gastan en los pobres en la medida que lo vean apropiado, comprándoles varias cosas a su vez! Y si esa forma de hacer las cosas es lo suficientemente buena para algo tan importante como ayudar a los de menores recursos, seguramente también es lo suficientemente bueno para algo trivial como mis compras en el Shopping! Estoy en lo cierto, o estoy en lo cierto?

"Pero...si queremos ayudar a los pobres tan desesperadamente que votamos a políticos para que nos fuercen a ayudarlos, entonces para que necesitamos políticos en primer lugar? Por qué no simplemente ayudamos a los pobres nosotros mismos!"

"Ah" ella dijo con una sonrisa triunfal, " eso es porque somos demasiados egoístas para ayudar a los pobres nosotros mismos"

"Pero si fuéramos lo suficientemente egoístas como para no ayudar nosotros mismos a los pobres, entonces seguramente nunca votaríamos a políticos que nos fuercen a ayudar a los pobres en primer lugar! Y si no queremos ayudar a los pobres, entonces el gobierno nunca lo haría por nosotros, porque nunca votaríamos a un político que prometiera eso! Por eso si la mayoría de la gente quiere ayudar a los pobres, entonces no necesita votar políticos que los fuercen a ayudar a los pobres, no es así?"

Por un momento ella parecía confundida. "Bueno..."

"Mira lo que esta pasando ahora! En el pasado, si querías ir al Shopping, sólo tenias que ir y comprar lo que quisieses! Ahora mira toda esta burocracia y complicación - este sujeto vino a ponerte en una bolsa y manejarte hacia el Shopping en el baúl de tu auto, y luego comprar lo que le parece que necesitarás y comprarse cosas para él mismo también. Cómo puede ser eso más eficiente - o en cualquier otra forma mejor - comparado al antiguo método?"

Tartamudeando. "No, eso..."

"Si dejamos que estos políticos nos fuercen a ayudar a los pobres, qué pasa si gastan todo el dinero en formas que no ayudan en lo más mínimo a los pobres? Qué sucede si deciden gastar más dinero en ellos que en los pobres? Podemos pedir por nuestro dinero devuelta? Lo ves, si queremos ayudar a los pobres - o los enfermos, o los ancianos, o quien sea - simplemente hagámoslo, y no necesitamos que el gobierno nos fuerce a hacerlo. Si el gobierno refleja la voluntad del pueblo, entonces no necesita forzarnos a hacer cosas. Si el gobierno, por otro lado, no refleja la voluntad del pueblo, entonces directamente estaríamos en una tiranía. Ves a lo que voy?"

"Si, pero..." Mi esposa se trababa mientras trataba de escapar del razonamiento borroso del estatismo.

"Pero, quién te dijo todo esto en primer lugar" le pregunté.

El enorme sujeto do un paso adelante y dijo, "yo".

"Si" dijo mi esposa apenada. "Perdón por no introducírtelo. Él es mi profesor de ciencias políticas".

Extendió sus enormes brazos mientras yo lo miraba.

"Hey", dijo el profesor, mientras hizo un movimiento brusco con el brazo. "No tengo todo el día. Que tal si solucionamos esto votando? Quiero decir..."agregó inclinándose sobre mi esposa. "Asumo que cuento contigo en hacer lo correcto, y demostrarme que entendiste los cursos que te dí"

Nerviosa asintió con la cabeza mientras miraba asustada a su profesor. Supongo que quería aprobar el curso.

El profesor levantó la mano, aquella con la cual sujetaba la bolsa. "Yo voto ir al Shopping" gritó. "Necesito algunas cosas".

Mi mujer tenso sus labios. "Es la decisión correcta" dijo mientras levantaba la mano con sus ojos cerrados.

En un parpadeo desapareció dentro de la bolsa.

Estaba apunto de llorar en oposición a esta violación a la razón, a la propiedad, a la moral...pero por supuesto yo soy la minoría, así que cuál es el punto?

Autor: Stefan Molyneux
Traducción: Fernando Aguilera